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Correo Electrónico Obligatorio

El correo electrónico que hasta ahora ha sido de uso voluntario en Colombia, pronto será obligatorio para algunos.

Los comerciantes, las sociedades civiles y comerciales, asociaciones y fundaciones que aún no tengan una cuenta de correo electrónico, deberán abrir una antes del 9 abril, fecha en la que empezará a regir la Ley 794 de 2003. 

Esta nueva ley, que reforma el Código de Procedimiento Civil, impone en su artículo 29 la obligación de registrar una dirección electrónica en el registro mercantil para recibir notificaciones judiciales por lo cual se deduce que se refiere a una dirección de correo electrónico y no a una dirección electrónica de sitio web.

Aunque es digno de elogio el interés del legislador colombiano de estar a tono con la nueva Sociedad de la Información, al introducir los medios tecnológicos en el ámbito de la administración de justicia, se considera un desacierto la exigencia legal de la utilización de correo electrónico tal y como está planteada.

En otros países más avanzados tecnológicamente como España, sólo a las empresas con cierto número de empleados u otras personas naturales y jurídicas que utilicen ordinariamente medios telemáticos en su actividad normal, se les ha exigido comunicarse con la administración por vía telemática. Cabe anotar que la brecha digital en Colombia es de un tamaño considerable, pese a los esfuerzos del gobierno a través de la Agenda de la Conectividad. Sólo basta con observar estadísticas recientes para corroborar nuestra situación ante las nuevas tecnologías de la información. 

Es inaceptable que a un comerciante que no tiene actividad en línea, que no se comunica por correo electrónico o quizás no tiene computador ni sabe cómo utilizarlo, se le exija que tenga un correo electrónico para recibir notificaciones judiciales. Imaginemos a Don Paco el dueño de la tienda de la esquina (comerciante), entrando a un café Internet todos los días para ver si uno de sus proveedores interpuso una demanda en su contra. 

En cambio, es posible que a alguien que no es ni comerciante, ni persona jurídica de derecho privado, y que tiene acceso a Internet, le gustaría recibir notificaciones judiciales por este medio como por ejemplo, un abogado litigante. La norma no contempla esta opción en estos casos.

En el proyecto de ley inicial que dio origen a la norma comentada, esta exigencia no se contemplaba, pero al llegar a la Comisión primera de la Cámara de Representantes, sus ponentes en este cuerpo legislativo, decidieron incluirla según lo explican en informe de ponencia así: "En el caso de personas jurídicas, el Proyecto ratifica la obligación legal de registrar direcciones para notificaciones judiciales, y la extiende a direcciones electrónicas, creándose unas reglas especiales para la citación virtual y la notificación virtual por aviso." 

La obligatoriedad es obvia, la norma no dice "podrán registrar su dirección electrónica" sino "deberán registrar una dirección electrónica". Es decir, que si no tienen una, deben conseguirla. Y no sólo conseguirla sino conservarla para que el objetivo de la norma se cumpla, ya que de nada vale tener una cuenta de correo electrónico, si ésta no es revisada frecuentemente, lo cual es muchos casos es motivo de desactivación de la misma, como en el caso de los servicios gratuitos. 

Más que de un error jurídico, se trata de un error histórico, social. No estamos preparados para que tener una cuenta de correo electrónico, sea una obligación legal para todos. Quizás debería revisarse esta exigencia y adaptarla a nuestro entorno. Una reglamentación adecuada al respecto podría hacer la diferencia en la forma como las diferentes ramas del poder público se comuniquen con los ciudadanos.

Milena Quijano Zapata 
Abogada 

Publicado en El Tiempo el 3 de febrero de 2003, página 2-8  

 

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